"Lo que venimos conociendo como el Estado del bienestar se ha venido abajo" . Con esa rotundidad se expresa nada más y nada menos que el profesor Juan Velarde Fuertes. Para quienes no conocen al autor de esta categórica cita, indicarles que estamos hablando del más reconocido economista español, laureado con los mayores premios de la economía española, miembro del Tribunal de Cuentas, catedrático emérito y doctor honoris causa por más de una docena de universidades. Con ese currículum es evidente que debamos abrir los oídos y poner atención. Pero esto no lo viene diciendo sólo el profesor Velarde. Una mayoría muy cualificada del colectivo de economistas están de acuerdo con esta apreciación. Sin embargo esta gravedad manifestada parece no ser compartida por los políticos, o al menos no muestran públicamente la importancia del momento. Lo que obliga a platearse que o bien no se enteran, o lo que es peor, nos hurtan la realidad y nadie quiere asumir el coste político de dar la mala noticia a la ciudadanía española.

Durante años el modelo económico se ha sustentado en gastar lo que no teníamos, y por tanto eso ha producido que nos endeudemos en demasía. El principal problema que tiene actualmente nuestra economía es el estratosférico nivel de endeudamiento. Junto al elevado endeudamiento de los ciudadanos y las empresas, y una elevada deuda del sistema financiero, se suma ahora una galopante y preocupante deuda pública. Nuestra deuda conjunta es de más de cuatro veces el producto interior bruto. Para que todos lo entendamos en términos caseros, es como si cualquier familia ganase 10000 euros anuales y tuviese unos pagos de 45000 euros. Y eso está provocando dudas en los mercados internacionales sobre la posibilidad o no de España de pagar su deuda. Ahora que está de actualidad la difícil situación de Grecia, indicar que el volumen conjunto de nuestra es superior a la griega, aunque también es cierto, que nuestro PIB no es el mismo. Pero comparándonos con otros países, estamos endeudados a un nivel superior a Gran Bretaña y sólo por debajo de Japón. No olvidemos que la catastrófica situación de Argentina, que le ha situado en los niveles de los países en vías de desarrollo, vino generada por su desmedida deuda.

Y cuando uno debe, y no puede pagar lo que debe, tiene obligatoriamente que reducir sus gastos, trabajar por conseguir más ingresos y aplazar en lo posible los plazos de pago. Esa es la sencilla receta que las autoridades europeas, desde el ECOFIN hasta el Banco Central Europeo han dado a Grecia. Esa misma fórmula es la que nos tenemos que aplicar nosotros mismos, y para ello hay que explicar didácticamente a todos los españoles la gravedad de la situación. Sin conocimiento y convencimiento de esa gravedad, difícilmente se entenderán la aplicación de políticas de ajuste. En efecto para reducir el gasto público, las administraciones no podrán cubrir las mismas prestaciones que hasta ahora, que no es otra cosa que ese término que escuchamos a los economistas de "la contención del gasto público".

Pero la clave para conseguir reducir el gasto público no se encuentra ya exclusivamente en el Estado central.

El gasto de la administración central supone sólo el 18% del conjunto de la deuda. Es en los ayuntamientos, empresas municipales y entidades supramunicipales donde se encuentra un mayor porcentaje, y por encima de todos ellos la campeona del gasto público son las administraciones autonómicas. La habitual duplicidad de funciones entre las autonomías, ayuntamientos y diputaciones por un lado, y con el gobierno central por otro, hacen que el mantenimiento del estado de las autonomías, tal y como lo conocemos hoy, sea insostenible. En este escenario, cobra mayor sentido el trabajo "La indispensable descentralización local" publicado por la revista Diálogos Económicos , reproducido por varios medios de comunicación andaluces y que generó contradictorias reacciones desde el ámbito económico y el ámbito político . En ese texto se exponía "la idoneidad de la apertura del debate sobre los beneficios que supondría la desaparición de las comunidades autónomas o al menos un gran adelgazamiento de estas, en beneficio de los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades y el estado central" , evitando esa duplicidad de funciones y optimizando los recursos económicos y humanos de estas administraciones.

Especial atención en el control del gasto público, y elemento de candente actualidad por la iniciativa del Gobierno, tiene el sistema de Seguridad Social y sus prestaciones, en especial las pensiones. Modigliani, el premio nobel de economía, denominaba al sistema de financiación de las pensiones españolas como "una bomba de relojería". En 1996, el profesor Barea alertó de la necesidad de abrir el debate sobre la necesidad de financiar de forma diferente las pensiones. El economista y ex ministro Jordi Sevilla viene defendiendo el criterio de financiar progresivamente las pensiones mediante un impuesto directo a la riqueza, similar al IVA, para garantizar su mantenimiento. Centrar el debate exclusivamente en la edad de jubilación y los años de cotización necesarios, reduciría automáticamente la cuantía de las pensiones, y lo que es peor, no resolvería el problema fundamental y sólo lo aplazaría. El Pacto de Toledo, foro en el que están representados todos los partidos políticos y agentes sociales puede tener la llave para el análisis profundo de este importante gasto social, y que tiene que tener el objetivo irrenunciable de garantizar las pensiones de nuestros mayores y nuestros trabajadores en activo.

Por encima de consideraciones moralistas y discursos políticamente correctos, debemos plantearnos la supresión de gastos para los que no tenemos recursos económicos suficientes, así como una profunda reforma del mercado laboral, siendo este un elemento básico para generar de una dinámica que posibilite la creación de empresas y empleo. En ese sentido ha generado discusiones interesantes a este respecto el trabajo "Una reforma del mercado laboral fracasada antes de iniciarse" . En este texto se plantea, además de otros elementos polémicos, la necesidad de prestar especial atención al gasto público generado en torno al fenómeno de la inmigración, y la necesidad de controlar la misma. No es baladí, ni elemento desdeñable el dato que resulta de que sólo el 17,4% de los inmigrantes residentes en España coticen en el régimen general de la Seguridad Social , lo que evidencia que la cotizaciones de estos no pueden cubrir el gasto social que la totalidad del colectivo genera. De lo que no cabe duda es que no podemos seguir disponiendo de servicios que no podemos pagar amén de seguir empobreciéndonos todos, y la inmigración absorbe importantes recursos que es preciso optimizar.

El sempiterno debate entre dirección política de la economía o dirección economicista de la política, tiene en estos momentos en la primera opción la única escapatoria posible para esta situación. La reactivación de la economía, o lo que es lo mismo conseguir más ingresos y crear empleo, pasa necesariamente por la obtención de crédito responsable y garantizado a las empresas y particulares, que hemos venido reclamando las asociaciones empresariales y el sentido común. La iniciativa, tanto en cuanto las entidades financieras privadas no la están asumiendo, tiene que ser necesariamente arrogada por el Estado, como única herramienta posible para salir de esta paralización. De ahí que sea conveniente plantearse y abrir el debate en torno a la creación de una banca pública que bien podría estructurarse de forma eficaz a través de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros (entidades que no olvidemos están dirigidas por las diferentes administraciones del Estado) y la asunción de ciertas funciones del ICO , como las funciones del antiguo banco hipotecario o las del actual ICEX , para el fomento de las exportaciones.

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Artículo publicado en el periódico Diario de Málaga el 16 de febrero de 2010