La experiencia yugoslava de autogestión tiene un carácter muy especial: ha sido instaurada por una ley, promulgada por un Gobierno dirigido por el partido comunista. La ley esencial data de 1950, fue completada por la de enero de 1953, inscrita en la nueva Constitución del 7 de abril de 1963, modificada por la ley de julio de 1965...

Tal originalidad plantea de inmediato el problema de las causas que están en el origen de esta autogestión. Hay tres explicaciones: una teórica, una pragmática y una política. Es sabido que toda experiencia marxista debe hallar justificación en los textos de Marx, Engels y Lenin. Pero en este caso precisamente los marxistas difícilmente encuentran antecedentes teóricos entre sus clásicos. La teoría marxista ha considerado siempre la economía como gestión estatal. La autogestión no estaba prevista (o bien de un modo más vago aún, y más abstracto, que sus previsiones sobre la desaparición del Estado). Mas el objetivo del presente texto no consiste en demostrar semejante contradicción. Respecto a Yugoslavia ha dicho el profesor Lasserre:

«Los dirigentes y teóricos del socialismo yugoslavo declaran haber sido inspirados en cierta medida por el socialismo asociacionista, y, sobre todo, por Proudhon, por el sindicalismo revolucionario francés anterior a 1914, así como por el primer período de la revolución de Lenin» (Archivos Internacionales de Sociología de la Cooperación, núm. 14, pág. 104). Tenemos algunas dudas en cuanto a sus conocimientos y a sus preferencias por el «socialismo de asociación» y por Proudhon, pues éste es muy poco estudiado y conocido en Yugoslavia. El «sindicalismo revolucionario francés» anterior a 1914 era de inspira-ción anarcosindicalista, concepción que los comunistas yugoslavos rechazan sistemáticamente. En cuanto a la primera fase de la revolución leninista, no se trata de una concepción teórica, sino más bien de una actitud puramente tácita y demagógica que ha servido exclusivamente para que el partido acaparase el poder...

Nos parece que tampoco el profesor Lasserre está muy convencido de las fuentes teóricas de la autogestión en Yugoslavia, pues propone de inmediato otra hipótesis. Son consideraciones puramente empíricas quienes la han condicionado.

«... Ellos presentan (los teóricos yugoslavos) las realizaciones yugoslavas, ante todo, como el resultado de razones empíricas: el deseo de los trabajadores, los resultados nefastos del primer periodo, la necesidad de libertarse del estatismo económico, los estímulos derivados de los propios hechos, una vez iniciado ese camino (...). El socialismo no puede nacer sino de la iniciativa de las masas. Implica el decrecimiento del Estado. Hallamos aquí una vieja idea saintsimoniana, de la que han participado también anarquistas, proudhonianos y anarcosindicalistas. Marx la adoptó para convertirla en la meta final de la evolución del colectivismo. Pero fue olvidada por el comunismo ruso, que le vuelve la espalda» (G. Lasserre, de la misma fuente).

La razón empírica hay que hallarla, pues, en el fracaso de la gestión estatal. Creemos que es una razón más seria que la justificación teórica precedente. Pero esta misma razón nos parece también insuficiente. Sigue en vigor la misma economía, basada en los mismos principios, con idénticos nefastos resultados, y, después de lar-gos años, y pese a todo, esos principios económicos siguen aplicándose en todas las democracias populares, así como en Rusia. El fracaso se oculta al exterior por medio de la propaganda; en el interior, por el silencio y la violencia. Cierto que si los hombres que detentan el poder poseyeran el menor sentido del realismo y la me-nor sensibilidad en cuanto a los deseos de los trabajadores se refiere, hubieran debido abandonar hace mucho tiempo su sistema de explotación y de opresión... Pero ¿son más sensibles los comunistas yugoslavos que los demás comunistas? ¿Los ha acercado más al pueblo la resis-tencia antifascista?

Consideramos que el hecho determinante es de otro orden: simplemente una razón política. El propio Tito nos da la clave del problema:

«El peligro de las deformaciones burocráticas no apareció claramente, y no tomó toda su significación hasta el momento de nuestro conflicto con la presión estaliniana y nuestra resistencia a esta presión. Esta tendencia hegemónica se revela como el efecto exterior del burocratismo, y los elementos burocráticos interiores apa-recieron como el apoyo activo del burocratismo en el riesgo que hacían sufrir a las conquistas de la Revolución» (Tito: cuarenta años de lucha del partido comunista yugoslavo, 19 de abril de 1959, pág. 22).

Resulta, pues, evidente que el nuevo giro de la economía yugoslava, iniciado en 1949-50 con la creación de los consejos obreros, correspon-día al deseo de obtener el apoyo de las masas yugoslavas en el conflicto de la dirección titista con el estalinismo, y los apoyos internos a este último. Es decir, que si ha existido una concesión por parte de los dirigentes, ha sido por una razón vital: conservar el poder (y su propia vida, pues en aquella época las discusiones ideológicas terminaban ante el piquete de ejecución). Ahora bien, los dirigentes yugoslavos fueron suficientemente previsores como para salvar sus privilegios, a la vez que sus vidas. De mane-ra que el fenómeno político se convierte igualmente en fenómeno de clase, y el aparato del partido conserva su posición de dirigente, inclu-so en la nueva estructura. La nueva clase detentadora del poder nada pierde en esta operación; muy al contrario, gana en el campo interior cierta estabilidad, y en el exterior un nuevo prestigio y... una nueva ayuda económica. No es un puro azar que Djilas, miembro influyente de la nueva clase, haya hecho la crítica de su propia clase. Es el mismo fenómeno dialéctico que obli-gará a la economía yugoslava a utilizar constantemente un sutil equilibrio entre la fraseología y la realidad, entre las promesas y las coacciones, etcétera.

Las causas de la autogestión en Yugoslavia determinan las posibilidades de desarrollo de la propia autogestión, y, sobre todo, los estrechos límites impuestos a ese desarrollo determinan también todas sus ambigüedades, todas sus contradicciones y una parte de sus debilidades.

FUNCIONAMIENTO DE LA AUTOGESTIÓN

I. EN LA EMPRESA INDUSTRIAL

La originalidad de la empresa industrial reside en el hecho de que la autogestión obrera se completa por una gestión comunal. El tercer factor, el Estado, se esfuerza, al menos teóricamente, por ser más discreto, menos perceptible. Sin embargo, se halla siempre presente por medio de su planificación, su centralismo, sus impuestos, sus decretos. El equilibrio, o mejor, el desequilibrio, se debe a esos tres factores. El consejo comunal interviene en el nombramiento del director, supervisa el balance anual de cada empresa, participa en el reparto de beneficios. Participa también, de modo más indirecto, en otras muchas cuestiones: el plan de inversiones, la elección de los productos a fabricar, las obras sociales, etc. La comuna representa, pues, el primer «órgano de control» de la empresa, o, más bien, de cogestión.

Este órgano de control no es el único. Otras numerosas entidades controlan cada empresa, y el conjunto de las empresas; los consejos de productores, que existen a diferentes niveles, des-de el de la comuna hasta el nivel federal (Yugoslavia es una República federal), en que el Consejo Federal de Productores, algo semejante a una cámara económica, ha reemplazado al Consejo de Nacionalidades. Las Cámaras de Comercio son más bien destinadas a la colaboración y coordinación; la Planificación Central, que sigue existiendo, pero pretende cierta flexibilidad, más indicativa que imperativa (planifica, efectivamente, las líneas generales, dejando los detalles a las seis repúblicas, a los distritos y a las comunas); el Fondo Nacional de Inversiones, que aporta los fondos necesarios para la creación de empresas y otorga anticipos para su mejora; existen también los impuestos sobre la venta y la compra, la política de precios, los fenómenos de mercado, el control de los cambios interiores, etc.

Todos estos organismos están destinados a controlar y equilibrar «los abusos de autonomía y de liberalismo», a salvaguardar «los intereses de la comunidad entera, amenazados por los intereses particulares». De este modo, las empresas, aun siendo libres y autogestionadas, son vigiladas por toda la sociedad: localmente, por la comuna, y en un plano general, por todo un sistema muy complejo de control y de tutela. Y doquiera hallamos ese espíritu paternalista y receloso vis a vis de los trabajadores. Aún procla-mando su capacidad de gestión, sus virtudes, etcétera, el partido y el poder multiplican sus reservas, no ocultan su desconfianza, crean sin cesar defensas de contención, como sí la clase obre-ra fuera un niño a quien se ha entregado un hermoso juguete, pero debe continuar siendo niño.

Los órganos de gestión obrera, a nivel de empresa, son de cuatro órdenes: el colectivo obrero (conjunto de personal), el consejo obrero (en la empresa de menos de treinta trabajadores el colectivo substituye al consejo), el comité de gestión (estos dos últimos son elegidos por tiempo limitado y responsables ante el colectivo) y, finalmente, el director. Además, existen, naturalmente: un comité de empresa para el dominio social, un sindicato y el partido (La Liga de Los Comunistas).

El organismo más original, el consejo obrero, cuenta. de 15 a 120 miembros (lo más frecuente es que tenga de 15 a 0). Son elegidos por el colectivo obrero para un año (desde 1957 se admite hasta dos años); un miembro puede ser reelegido solamente una vez (existen también algunas derogaciones); las tres cuartas partes de los miembros deben pertenecer a la actividad más importante de la empresa (para tratar de evitar la preponderancia de los cuadros técnicos); al principio, las elecciones eran controladas por los sindicatos; después, por una comisión electoral nombrada por el organismo saliente; hay una lista electoral presentada por el sindicato, pero pueden asimismo presentarse otras, a condición que estén presentadas por cierto número de peticionarios.

El director, que tiene la responsabilidad técnica de la gestión y puede contratar o despedir obreros, participa obligatoriamente en las reuniones del consejo obrero y comparte el verdadero poder con el consejo de gestión. En caso de conflictos, éstos son emplazados ante una Comisión de los Conflictos. Anterior al período de autogestión, el director era directamente nombrado por el Ministerio, como un funcionario estatal, únicamente responsable ante el Estado; posteriormente, el nombramiento se hizo, a un nivel inferior, por el consejo económico; actualmente es nombrado conjuntamente por el consejo obrero y el comité popular de la comuna. Su posición es muy delicada con frecuencia y frecuentes los abusos de confianza. El comité de gestión puede pedir su revocación (563 casos en 1956, 200 casos en 1958).

Hace algunos años existían 11.000 consejos obreros, comprendiendo cerca de 220.000 miembros (170.000 obreros y 50.000 empleados). Cerca del 50 por 100 son mujeres y jóvenes. Se calcu-la en más de 1.000.000 el número de personas que han pasado por los órganos obreros de autogestión. En 1964 habla en el sector socializado 3.668.000 empleos, de los cuales 1.362.000 perte-necían a la industria manufacturera, 376.000 a la construcción y 346.000 a la agricultura. (En 1961 la agricultura contaba 4.551.000 trabajado-res en el sector privado, cifra que disminuye pro-gresivamente.) La ganancia mensual media de los obreros en la industria en 1963 ha sido de 28.000 dinarios, y las calorías alimenticias 3.116 por habitante. De 1953 a 1963, 1.600.000 trabaja-dores han sido integrados a la producción, lo que equivale a decir que el número. de trabajadores empleados en los sectores socialistas se ha duplicado (Estudios económicos, O. C. D. E., mayo de 1965). El 95 por 100 de la producción industrial se halla en el sector socialista.

A partir de 1953, y sobre todo entre el 59 y el 60, «la descentralización interna de las empresas» adquiere aún mayor impulso: las grandes empresas son subdivididas en unidades menores, autónomas, llamadas «unidades económicas», o «comunidades de trabajo de los productores» (siguiendo este plan, los ferrocarriles son subdivididos en 160 unidades); cada unidad tiene su consejo obrero, que posee solamente poder consultivo; algunas unidades obtienen por su trabajo una remuneración global que es, consiguientemente, distribuida entre sus miembros.

El régimen de los beneficios de los salarios y de los precios -el más delicado de todos los problemas- ha sido establecido después de diversos ensayos. Incluso el actual no parece definitivo. Al comienzo del período de autogestión, el sistema salarial era el siguiente: salario mínimo por categoría, asistiendo a las empresas el derecho de distribuir una parte de sus beneficios. Posteriormente, la empresa obtuvo el derecho de fijar el baremo de salarios aplicables al interior de la empresa, pero la cantidad global a. distribuir era señalada en un informe determinado. En una tercera fase del proceso, ese determinado informe dejó, de ser obligatorio para la empresa, lo cual quiere decir que las ganancias netas de la empresa quedaban totalmente a disposición de la masa. Ganancias netas significan las ganancias globales, de las que se deducen diversos conceptos: los gastos materiales de producción, comprendidas las amortizaciones y los intereses de los capitales, la contribución territorial, impuesto sobre el volumen del negocio, cotizaciones colectivas, etc. De esta ganancia neta, una parte va a parar a los diferentes fondos de la empresa (fondos de reserva, de gastos corrientes, etc.), una parte a la comuna y el resto representa el ingreso personal de los trabajadores. Para hacerse una idea clara del problema diremos que en 1962 se consideraba en general que el 25 por 100 de los ingresos o ganancias eran destinados a los organismos centrales, el 35 por 100 a la comuna y el 40 por 100 a la empresa. (En relación al año 1959, Paul Zorkine había pu-blicado otras cifras.) Profundizando el análisis, se observa que se impone un salario legal mínimo, pero no máximo, y que el balance y el proyecto de distribuciones son sometidos al consejo de productores de la comuna, el cual puede invitar a la empresa a modificar su proyecto. La remuneración para cada puesto de trabajo ha atra-vesado también por diversas etapas: al principio se aplicaba el «baremo de tarifas» para cada puesto de trabajo. El baremo estaba establecido por un reglamento, discutido y modificado pe-riódicamente por el conjunto de los obreros, y se completaba al término del año por una distribución de los fondos excedentes. Después se intentó una remuneración por cada unidad del pro-ducto (algo análogo al trabajo colectivo a destajo, tomando como base la ganancia obtenida en cada pieza de las mercancías vendidas anteriormente). Acto seguido, se han introducido previ-siones en relación al volumen total de los costos de producción (para estimular la tendencia a hacer economía en la producción). Por fin, la remuneración ha seguido también la subdivisión de la empresa en unidades autónomas de trabajo. De manera que, teóricamente, la ganancia del obrero está influida por tres elementos: el resultado obtenido por el trabajador mismo, por su equipo de trabajo y por la propia empresa. De acuerdo con ese esquema, han funcionado, en 1962, 11.000 empresas, con 212.000 miembros de consejos obreros y 68.000 miembros de comités de gestión.