Durante muchos años, uno de los motores del dinamismo y modernización de la economía y de la sociedad española ha sido el profundo cambio en su Administración. Ésta pasó de ser una Administración burocrática, anclada en el pasado, alejada del ciudadano, de escasos medios, mucho poder, y pocos incentivos para cambiar, a una Administración renovada, descentralizada, moderna e innovadora en muchas de sus facetas.

El Estado de las Autonomías permitió una revolución en nuestra Administración con el único lunar, no poco importante, del solapamiento de funciones y de la multiplicación de los departamentos y de los funcionarios. Pero, hoy en día, para quienes no compartimos el fervor nacionalista y creemos antes en la gestión eficiente, global y racionalizada que en los hechos diferenciales, el Estado de las Autonomías, al menos en su concepción y práctica actual, es uno de los principales focos de desequilibrio y de ineficiencia económica que existe en España. La frase anterior suena terrible, pero más impresionante es lo que significa: que España no saldrá plenamente (es decir con ímpetu) de la actual crisis, sino promueve una revisión en profundidad de su modelo constitucional e institucional.

La actual crisis es, en este sentido, y comprendo que suena frívolo, una enorme suerte y una clara ocasión para enmendar la vía profundamente dañina en la que hemos entrado. Si fuéramos babilonios o egipcios o mayas, achacaríamos a una señal del cielo que nos haya enviado esta "epidemia", con origen en el sistema financiero pero que está llamada a cuestionar nuestras estructuras sociales y económicas. Pero no lo somos y debemos creer que la crisis actual se va a cebar en nosotros, no tanto por nuestra estructura productiva, sino por nuestra ineficiente organización económica, política e institucional.

De momento, con miles de ejemplos en cada una de estas áreas, el actual contexto ha puesto de manifiesto tres grandes ámbitos en los que España "hace agua". El primer ámbito es el de la estructura de nuestra Administración, diseñada casi exclusivamente para facilitar el nacimiento de 18 mini-estados autónomos e independientes y no para gestionar eficientemente las políticas globales. Esta organización de España, que solamente se entendería si todos los españoles fueran "nacionalistas" (cosa que no es el caso) impide, o cuando menos dificulta gravemente, la adopción de políticas generales a favor del bien común. Durante años, en la medida en la que la única política consistía en transferir poderes a las Autonomías, este error de concepción no era tan evidente. Ahora que toca reaccionar, actuar, decidir y definir, el esquema se demuestra equivocado y costosísimo. Ya no es verdad que nuestra "diversidad" nos enriquece porque la hemos utilizado de manera equivocada.

La situación económica reclama reacciones ágiles, medidas contundentes y estrategia de cara al futuro. El adelgazamiento al que se ha sometido al Estado por los sucesivos Gobiernos democráticos, la doctrina del Tribunal Constitucional y la deriva "federalista" que "malinterpreta" nuestra Constitución, ha generado un Estado anoréxico e incapaz de "hacer política" para España. Cualquier medida de política económica de un cierto fuste es contestada sistemáticamente por las Autonomías, ora celosas de sus competencias ora opositoras políticas del Gobierno Central. ¿Quién gobierna España?

Tan grave como lo anterior, la incapacidad para gobernar conjuntamente nuestro país y plantear soluciones de futuro, es la realidad concreta de nuestra economía. Pocos años después, nuestro modelo de España sigue provocando una continua ruptura de su mercado único, lo que la debilita, la anquilosa y la incapacita para generar economías. No se trata solamente de la proliferación de normas locales, peculiaridades autonómicas de todo tipo (consumo, etiquetado, protección…) investigación, licencias administrativas, etcétera.

La plena vigencia del Estado de las autonomías está provocando auténticas barreras de entrada y fortaleciendo los poderes locales, todavía más nocivos que la antigua burocracia estatista. Una de las preguntas más tristes que uno puede recibir cuando habla con inversores extranjeros es la de ¿en qué Autonomía interesa invertir? España carece ya de un auténtico mercado único abierto y flexible. Pero este efecto puede deteriorarse mucho más aún. Hacía ello nos encaminamos en varios momentos de la historia económica reciente cuando asistimos a recelos e intervenciones de unas autonomías contra otras ¡No me hagan citar ejemplos!

Por último, y de gravedad aún mayor, el Estado de las Autonomías impide de manera drástica la adopción de políticas globales, el establecimiento de normas esenciales sobre las que asentar la recuperación económica, el establecimiento de las bases necesarias para reforzar y potenciar nuestra sociedad (educación, justicia, seguridad social, etcétera) y difumina, cuando no perturba, el esquema Institucional común (política exterior, coordinación de los poderes locales, política fiscal, control sobre las cajas , etcétera...).

Gracias al desarrollo y práctica de nuestra organización Constitucional, España encuentra serias dificultades para establecer una verdadera política fiscal e impositiva y de definiciones, racionalización y coordinación del gasto público. España, ¿se dan ustedes cuenta?, tendría casi imposible, hoy en día, formular su equivalente al "Stimulus Act" de Obama, siendo aquel un Estado Federal. No puede definir una clara política energética conjunta, ni de transporte, ni siquiera, al menos de manera ágil y tajante, de infraestructura. Atomiza su política comercial exterior (con Comunidades que no venden la marca España porque venden solamente la suya), desintegra su política turística, asiste al intervencionismo de gobiernos locales en todos los ámbitos de la actividad económica, hasta en las instituciones financieras, etcétera.

Todas estas limitaciones y debilidades se pagan en término de bienestar presente y futuros de todos los españoles. Equivocados y acomplejados por huir de los excesos del centralismo, contaminados de un nacionalismo localista que destruye la idea de un proyecto común bajo el señuelo de las identidades diferenciales, hemos construido una sociedad imposible de gestionarse y de definir conjuntamente su futuro. (No me refiero aquí a lo que todo esto supone de empobrecimiento personal de muchos españoles). Hace muchos años que hemos abandonado el proyecto común, que hemos dejado de estudiar la misma formación básica y de guiarnos por las mismas normas esenciales. Ahora empezamos a pagar las consecuencias, pero la factura va a ser más cara de lo que pensamos. Nuestro modelo de Estado es imposible de mantener por su esencia y por su coste. Seremos ineficientes hasta que dejemos de ser viables. Estamos abocados a redefinir nuestro esquema institucional, sin abdicar de nuestras particularidades, pero sin pensar que los diferentes paisajes de nuestras tierras, nuestras particularidades culturales, nuestros acentos, nuestras lenguas, nuestra distinta pluviosidad, justifica que tengamos una fiscalidad diferente, o que no podamos tener una educación básica igual y los medios para organizarnos con una política económica, energética, universitaria... verdaderamente común.

Eduardo Aguilar. Economista. Ha sido subdirector de Financiación Exterior de tesoro, director general de Seguros y director financiero de la CNE.