EL ESTADO COMIENZA A INTERVENIR EN LA BANCA: CAJA DE CASTILLA LA MANCHA ("EXPANSIÓN" 30/III/08).
La cuerda en la que se tensaba la compleja situación de algunas entidades financieras españolas, en particular determinadas cajas de ahorros, se ha roto con Caja Castilla La Mancha (CCM).
Una vez frustrada la operación para que Unicaja salvara a CCM mediante la absorción, al Banco de España ha decidido intervenir ante la delicada situación financiera de la entidad y la existencia de unos desfases valorados inicialmente en unos 3.000 millones de euros. CCM es la primera víctima española de la crisis financiera. Pero lo probable es que no sea la última. Como admite el vicepresidente Solbes, es previsible que se produzca algún nuevo derrumbe conforme se intensifique la gravedad de la recesión. La morosidad tiende hacia cotas insostenibles para muchas entidades, en concreto aquellas que tienen mayor dependencia de créditos a promotores y constructores –el auténtico subprime español– que está desbordando el paraguas de las provisiones anticíclicas. De hecho, lo que ha abocado a esta situación a la entidad presidida por el socialista Hernández Moltó ha sido una descabellada gestión de riesgos y una apuesta en exceso por el ladrillo.
El Banco de España ha decidido garantizar las necesidades de financiación de la caja, con un aval que cubre hasta 9.000 millones, en un intento para frenar que los impositores sigan retirando dinero y que el agujero siga en aumento. Se aseguran así los depósitos de los clientes y que la caja continuará con su operativa cotidiana. Una decisión que por lógica se extrapolaría a eventuales casos futuros, y que seguramente evitará una fuga de depósitos de aquellas entidades más sospechosas en estos momentos. Según Solbes, se trata de solventar un problema de liquidez, aunque la forma en la que se ha producido la intervención, con la destitución del consejo de dirección de la caja, lleva a pensar que estamos ante un problema de más calado del que el Gobierno pretende transmitir. El hecho de que ninguna otra entidad haya querido hacerse cargo de CCM abona esta hipótesis. ¿Para que, entonces, son necesarios tres administradores del Banco de España, si realmente la entidad puede funcionar por sí sola?
Este caso debe suponer un punto de inflexión en el sistema financiero español. Es preciso que el Banco de España pueda ejercer poderes excepcionales para manejar una situación de emergencia y sobreponerse a la capacidad de veto de los dirigentes territoriales. Eso le permitiría definir, con transparencia, una hoja de ruta para la necesaria reordenación del sector, que contemple fusiones transregionales o la desaparición de entidades si procede. Una vez que ha caído el velo, y se observa a lo que conducen las gestiones politizadas, el caso CCM debe servir también para promover reformas legislativas que impidan en el futuro que las entidades puedan seguir monitorizadas por políticos con criterios a menudo de dudosa lógica económica. La relevancia de las cajas en el sistema –representan más del 50%– hacen inaplazable el rediseño. No sólo para evitar que manzanas podridas terminen por contaminar todo el cesto, sino porque de lo contrario, las operaciones de salvamento con fondos públicos sólo serían un parche y una injusticia para quienes lo sufragan, los contribuyentes.
