¿TRES PODERES? (COLUMNA DE PEDRO CONDE EN MD).
Como teoría es y está en la entraña del Estado moderno. Que quienes gobiernan, dirigen, legislan y mandan, tengan sus contrapesos y controles, lo exige la propia naturaleza humana. Para el poder absoluto se exigiría la sabiduría absoluta de la que emanaría la justicia absoluta. Ideal simplemente divino. Humanamente, un imposible. Nuestra naturaleza es demasiado precaria para alcanzar ese ideal.
El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial son los tres contrapesos, las tres altas instancias que deben contrarrestarse y equilibrar el ejercicio de la política.
Fue Charles Louis de Secondat, el tantas veces enterrado y desenterrado Montesquieu, quien marcó la frontera que separa el absolutismo del pasado del racionalismo político del presente. En la lenta formación de ese Estado moderno, era inevitable que, después de la satrapía feudal, el posterior absolutismo de los reyes, por muy ilustrado que fuera el de éstos en su última etapa, llegara la soberanía nacional que es en definitiva el derecho de los pueblos a ser gobernados por sí mismos a través de sus representantes elegidos en democracia. La Democracia, éste es el invento que, con toda su imperfección primigenia, nos dejaron los griegos hace ya dos mil quinientos años.
Ésta es la cifra, nada más y nada menos de dos milenios y medio, que te inquieta, te encocora, te subleva; porque después de tanto tiempo transcurrido desde aquel hallazgo clásico y heleno, después de que el barón de la Brède y de Montesquieu expusiera en un libro magistral, Espíritu de las Leyes, hace dos siglos y medio largos, la teoría universal de la división de poderes, tósigo y vomitivo de dictaduras, hoy, al día de hoy, en sedicentes democracias modernas, el tal equilibrio de poderes sea una mentira, una estafa y una trampa para pueblos ágrafos, álalos y lelos. Pueblos que son campos abonados para políticos mediocres con tanta cultura, aunque muchas más mañas, como la de sus propios votantes analfabetos.
Entre esas mañas quizá esté aquélla de aprobar una ley de educación en la que un niño pueda pasar curso con cuatro asignaturas pendientes. ¡Viva la república analfabeta y las urnas de trágala y tragaldabas! Hablando de República, con mayúsculas, de la II, el Partido Socialista y el Partido Comunista suelen reivindicar a aquellos cientos de maestros de la misma, muchos excelentes, descontando los demagogos politizados, dispuestos a sacar al pueblo español de su secular analfabetismo, Creo que fue Manuel Azaña el que dijo: “dadme trescientos mil maestros y cambiaré a España”. Se han preguntado, el primero este Rodríguez y Zapatero, ¿qué pensarían tales maestros de esta ley de educación convertida en taquilla y máquina expendedora de títulos de incultura?
Pero hablábamos del Estado de Derecho actual y sus tres clásicos poderes. Dice José Antonio Maravall, en su obra, “Estudios de Historia del Pensamiento Español” interpretando el pensamiento jurídico de Alfonso X el Sabio, que “el reino es una comunidad jurídica”. Y éste mismo, que también pudo pasar a la Historia como Alfonso X el Legislador, dice “todos los omes deben ser tenidos de obedecer las leyes e mayormente los reyes”. De lejos viene, pues, el respeto debido al Derecho y sus leyes. ¿Son éstos hoy el ánimo y realidad, después de los transcurridos ochocientos años en que el rey castellanoleonés formulara esa obligación universal de obediencia y respeto a las leyes? No, rotundamente no.
Los últimos acontecimientos ocurridos en España lo demuestran. De los tres poderes en que se basa nuestro Estado actual de Derecho hay uno que es un paria, un siervo, un fámulo de los otros dos: el poder judicial. Éste es como la esclava de aquella chusca definición que corría entre los estudiantes de leyes respecto al Derecho Romano. “¿Qué es el Derecho Romano? El derecho que al esclavo manumite y a la esclava mete mano”. Pues eso; que el Poder Judicial de éste nuestro pretendido estado de derecho es la esclava. Por definición constitucional los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, son independientes; independientes entre sí. ¿A cuenta de qué el Consejo General del Poder Judicial es un tablero de ajedrez, un predio mostrenco, un reparto que los partidos políticos se hacen entre ellos nombrando a sus componentes en razón de sus afinidades políticas? Constitucionalmente no tiene más derecho, que es ninguno, el Gobierno ni el Parlamento a elegir los miembros que representen al poder judicial que éste a nombrar Presidentes del Gobierno y Ministros o diputados al Parlamento.
Jueces afines. He ahí una expresión que te chirría en el alma. Un juez no puede, no debe ser más afín, próximo, contiguo, que con el cumplimiento de su deber en la aplicación de las leyes. No nos engañemos. Vivimos una patraña, un alibí, un simulacro de estado de derecho. Los políticos desde el poder ejecutivo y legislativo ponen sus contaminadas manos sobre el poder judicial al que convierten en mero comparsa.
Sólo el conformismo, nacido de la ignorancia, de un pueblo puede consentir que la propiedad de su soberanía sea administrada por gerentes indignos, cuales son algunos de sus políticos, cuyo balance final da solamente beneficios para ellos. Y habrían de ser los jueces, apoyados por y en el pueblo soberano los que reclamaran su derecho a elegir a los representantes de ese tercer poder del Estado de Derecho del que son protagonistas autónomos en tercera parte. Cualquier otro papel en nada les honra. Ellos, los jueces, son, deben ser, los guardianes de la Constitución y de la Ley, a las que quedamos obligados todos, desde el Rey hasta el último ciudadano. Lo demás es pura filfa, estafa y tocomocho.
Como lo fue la actual Ley del Poder Judicial pactada hace unos años por dos políticos, todo un monumento a la pluralidad, uno del Partido Popular y el otro del Partido Socialista. “Este juez lo pongo yo, éste lo pones tú…”. En esto ha quedado toda la soberanía del pueblo español. La de un Estado de Derecho cojitranco, avalado por truhanes.
