HIJA DE SIETE PADRES (COLUMNA DE SANTIAGO CASERO EN "MINUTO DIGITAL").
Parece ser, aunque se intente demostrar que Dios escribe recto con renglones torcidos, que el sistema político nacido del consenso de 1978 está más muerto que vivo. De una parte, las reformas estatutarias contrarias al espíritu de la transición aventuran que el “café para todos” que ofreció Suárez ha dejado de ser el brebaje imprescindible para que las aguas se mantuviesen tranquilas y tiene que dar paso a un federalismo, antigua aspiración del socialismo español, difícil de encajar en el marco de una Monarquía parlamentaria que se sustenta en el articulado de la Constitución de 1978. De una Constitución bastarda en cuanto a que no nace de unas Cortes Constituyentes elegidas “ad hoc” por el pueblo sino de los designios interesados de los siete padres que la engendraron.
Una Constitución con un Título VIII más peligroso que Rodolfo Chiquilicuatre formando parte del Coro de los Niños Cantores de Viena y del cual veremos su inutilidad si, de una vez por todas, el Gobierno no aplica su artículo 155 ante la chulería de un acabado lehendakari que, a pesar de haber perdido más de 150.000 votos en las últimas elecciones generales, no duda en arrogarse de unos imaginarios apoyos para lanzar un órdago al Estado con la convocatoria de un referéndum que, además de ser anti constitucional, constituye un delito penado por el correspondiente Código Penal. Si las normas constitucionales no se cumplen, si se obvian las decisiones del Tribunal Constitucional, si se pretende, solapadamente, cambiar la organización territorial del Estado y si se agravan las diferencias según estés empadronado en Tomelloso o en Premiá de Mar, a la Constitución se la puede llamar hija de siete padres en el sentido más tradicionalmente castellano de la frase.
Porque, encubierta o no, no es la única reforma constitucional que se está planteando. Independientemente de la obligada subsanación de las múltiples incoherencias que alberga el Título II, de la Corona, formaciones como UP y D o IU propugnan una reforma de la Ley Electoral que garantice una mayor igualdad entre los españoles y, para ello, es necesario retocar también la Carta Magna. Bien es cierto que a estas formaciones les mueven móviles distintos: de una parte, UP y D pretende recortar el poder decisorio de los nacionalismos en el Parlamento español y devolver ciertas competencias otorgadas por los distintos Gobiernos de la nación en estos últimos treinta años y que son causa de los males actuales; de otra parte, IU aspira a recomponer esa veintena de diputados que le garantice más notoriedad en la vida pública aunque, en realidad, no sabemos muy bien para qué pero, en cualquier caso, dichas aspiraciones son también de reforma constitucional.
Y si los acomplejados tuvieran lo que tienen que tener, UPN solicitaría la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta o si no convocaría su propio referéndum para exigir que así fuera imitando aquel “café para todos” que Suárez pidió a los siete padres que cohabitaron para parir este engendro que se puso de largo al cumplir dieciocho años en 1996.
Lo que sucede es que, para hacer las cosas bien, una convocatoria para elegir unas Cortes Constituyentes (ya no valen parches) debe surgir tras la dimisión del Gobierno y aquí eso es pedir peras al olmo. Así, cada formación concurriría a las elecciones con unas propuestas de organización territorial claras y concisas y con un proyecto de texto que, sin ambigüedades ni cortapisas del pasado reciente, plasmase las leyes que quieren darse los españoles con la seguridad que así van a ser respetadas por los sucesivos Gobiernos, garantes del cumplimiento de las mismas y no para garantizarse un plan de pensiones privado cada vez más necesario en los tiempos económicos que corren. La pena es no haber mencionado a la oposición mayoritaria en ningún momento de este artículo pero, ¿qué se puede decir del PP que venga a colación por su interés en lo que en este artículo se ha hablado?.
