Los falangistas somos demócratas porque entendemos que la legitimidad para el ejercicio del poder no procede ni de Dios, ni de la Historia, ni de la competencia técnica de las elites sino del pueblo. Y porque entendemos igualmente que la Patria es un proyecto común de todos los españoles y que la única forma de vincular a todos es esa tarea de futuro es abriendo la participación política hasta unos límites todavía desconocidos a día de hoy.

Si, como hemos mostrado al hablar de nuestro sindicalismo, mantenemos que el mayor compromiso del trabajador se logra cuándo es el propietario de la empresa en la que presta su servicio, pensamos que esta misma premisa es de aplicación al ámbito de lo político. La base del Estado Nacional-Sindicalista radica en lograr que los grandes ideales de la Patria que ha de venir (libertad, dignidad, justicia social, progreso material, etc.) resulten vinculantes para el conjunto de los ciudadanos. Y el único modo de lograrlo es entregar a ese conjunto las riendas del poder, haciéndolo protagonista y partícipe de todo el proceso. Esa es, además, la única garantía de una Revolución duradera.

Ahora bien, es precisamente nuestro sentido democrático lo que nos hace hostiles frente al simulacro de democracia de los partidos. La democracia liberal es inauténtica y en ella la libertad de opción resulta muy limitada, irremisiblemente asociada al poder de la publicidad y a la manipulación de los sentimientos y las pasiones.

En el Estado Nacional-Sindicalista la gente votará muy a menudo. Por supuesto, cualquier decisión trascendente será objeto de consulta plebiscitaria vinculante. Pero, sobre todo, el ciudadano será llamado periódicamente a elegir a sus representantes en los dos ámbitos donde su opinión estará sólidamente fundamentada: en el municipio y en el sindicato. La democracia falangista es piramidal. Los trabajadores elegirán entre sus mismos compañeros a quienes crean más capacitados no para representarlos ante los propietarios, pues esa condición les competerá a ellos mismos en virtud de su condición de trabajadores, sino para dirigir los destinos de su empresa. Estos directivos electos cooptarán entre sí a aquellos que deberán tomar decisiones en ámbitos superiores: sectoriales, de ramas completas de la producción o incluso nacionales. Y serán igualmente elegibles, de tal modo que en las elecciones básicas de cada empresa se puede estar eligiendo, sin saberlo, al Presidente del Gobierno. Porque la mitad del poder legislativo, del Congreso de los Diputados, saldrá de las urnas de los centros de trabajo.

La otra mitad procederá de las elecciones municipales, que es el segundo ámbito del poder político. El ciudadano elige a su alcalde y concejales y éstos deberán elegir entre sí a quienes los represente en el ámbito comarcal, provincial, territorial y nacional. También es posible que el alcalde elegido en una pequeña localidad termine presidiendo el Consejo de Ministros o formando parte de él.

Naturalmente, la gestión legislativa y ejecutiva en esta auténtica democracia contará con una serie de auxiliares técnicos que harán también una función de contrapeso, como el Senado o el Consejo de Estado. Y estará sometida a los tribunales de justicia. Estos órganos especiales también serán elegidos democráticamente. Pero así como al Poder Judicial sólo tendrían acceso miembros de la carrera judicial, los miembros del Consejo de Estado serán elegidos entre los colegios profesionales más técnicos (de ingenieros, arquitectos, economistas, etc.) y el Senado, entre el mundo de la alta cultura y de la Universidad, por ejemplo.

Finalmente, una vez cada cuatro años el pueblo será llamado a las urnas para elegir al Presidente de la República por sufragio universal.