La crítica falangista al capitalismo es de orden moral y económico. En el segundo término de este doble rechazo se inscribe nuestro sindicalismo. La Falange acepta la teoría socialista de la plusvalía, según la cual el sobrevalor que adquieren las materias primas después de adicionársele el factor trabajo recae sobre quienes detentan la propiedad de los medios de producción. En el capitalismo esa propiedad pertenece a los individuos que arriesgan su dinero en la creación de sus propias empresas y, en buena lógica, a ellos corresponde las ganancias de la empresa. Una visión menos amable surge cuando esa especie de capitalismo popular cede su espacio a las grandes corporaciones y fondos de inversión. Pero en ambos casos, los falangistas mantenemos que la situación heredada parte de una concepción errónea ya que la plusvalía, la ganancia neta, procede siempre del esfuerzo del trabajador, sea del operario manual o de quienes ocupan puestos de gestión y planificación. En buena lógica, la propiedad de los bienes de producción debería recaer no en quien arriesga su capital personal en los negocios, a veces una sola vez en la vida, sino a quien entrega los mejores años de la suya en promover el éxito de su empresa.

Claro que en términos falangistas esta lógica fría de la propiedad resulta escasa para agotar todas las posibilidades inherentes a una concepción humanista de la economía. Por tal motivo recurrimos con creciente insistencia al concepto marxista de la alienación que, grosso modo, viene a denunciar las profundas y malsanas consecuencias psicológicas que para el hombre se derivan al verse privado de la parte más mollar de los frutos de un trabajo que se ve obligado a vender a bajo precio a sus empleadores capitalistas. Entre esas consecuencias no son las menores el desapego y la falta de interés hacia el bien de la empresa (que nunca podrá dejar de vivenciarse como algo artificial a lo que no se pertenece), o esa forma particular de animadversión que conocemos como “lucha de clases”.

Desde el punto de vista de la economía la Revolución falangista debe traer inexorablemente un cambio radical en la propiedad de los bienes de producción: éstos han de ser liberados de las manos de los grandes y los pequeños detentadores de capital para ser entregada a los trabajadores. “La tierra y la empresa para quien la trabaja”, reza el lema que sintetiza toda la doctrina falangista en esta materia. Ciertamente, la Falange aspira a una Revolución incruenta; pero los viejos conceptos de patrón, de dueño o de amo no sobrevivirán a este envite.

La Falange aboga por la fundación de unas estructuras intermedias que velen por la obtención de resultados económicos y entregue posteriormente la plusvalía a quines la han hecho posible. Esas estructuras son los sindicatos verticales revolucionarios, nada que ver con los sindicatos reivindicativos y “pactistas” que conocemos.

Verticales, en contraposición a los sindicatos horizontales o de clase, porque en su seno se acoge a todas las categorías profesionales implicadas en la producción de los bienes, a todos los trabajadores sin distinciones de cualificación sino de rama de producción, y donde tendrán voz y voto tanto los directores como el último peón.

Y revolucionarios, pues su instauración sólo puede correr pareja al desmantelamiento de la estructura capitalista que regula en la actualidad las relaciones de producción y pueden coadyuvar tácticamente en el proceso de cambio.

Los sindicatos por tanto estarán encargados de asumir en el futuro las mismas tareas que hoy competen a las empresas capitalistas (financiación, formación profesional, apertura de nuevos mercados, etc.). Su misión fundamental seguirá siendo la de producir bienes económicos: hacer negocios, hacer dinero. Cuanto más, mejor.

Pero con unos límites: aquellos que los trabajadores de cada empresa tengan a bien imponerse. Porque si en el Estado Nacional-Sindicalista la propiedad de los bienes de producción y las empresas va a recaer sobre los propios trabajadores, entonces las decisiones que se tomen en su seno deberán contar con la aquiescencia de sus nuevos propietarios. El poder político, el Estado, se arrogará el derecho a marcar los grandes objetivos nacionales para cuya consecución espera contar con la solidaridad y lealtad de los trabajadores-propietarios de las empresas sindicales. Y ello, por simple patriotismo. En cualquier caso, las decisiones empresariales finales recaerán siempre sobre los hombres que se afanan en su trabajo cotidiano, que hoy constituyen la inmensa mayoría del pueblo español pero que, en el futuro, lo serán en su totalidad.