La buena marcha de las cuentas públicas, que es uno de los principales activos de la legislatura socialista, no tanto por el control del gasto, que ha crecido año tras año en el entorno del 7%-8%, más del doble que en los ocho ejercicios anteriores, sino por el fuerte aumento de la recaudación, puede peligrar a partir del próximo año.

En los últimos meses, y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el presidente del Gobierno y alguno de los ministros de su gabinete se han sacado de la chistera subvenciones a fondo perdido que costarán a las arcas públicas cerca de 3.000 millones de euros. Si a esto unimos los compromisos de inversiones para pagar apoyos parlamentarios, y el efecto de la desviación de la inflación, la factura supera los 5.200 millones de euros.

Ahí está el cheque-bebé, que el presidente Zapatero impuso a Solbes, y que costará al Estado unos 1.000 millones de euros en 2008, según prevé el Presupuesto. El propio vicepresidente económico reconoció que se enteró sólo dos días antes del anuncio de Zapatero en el discurso de investidura. Y también fue claro al reconocer que no tuvo mucho que decir al respecto porque "el jefe es el jefe".

Otro tanto ocurre con las ayudas al alquiler. Sólo la deducción fiscal que se introduce en la declaración de la renta tendrá un coste de 350 millones de euros. Si a esta medida le sumamos la ayuda directa a los jóvenes, el coste global del plan se elevará a más de 800 millones de euros. Tampoco el vicepresidente económico está muy convencido de estas medidas. De hecho, cuando el equipo de Pedro Solbes diseñó la reforma fiscal, que entró en vigor el pasado 1 de enero, descartó incluir estas deducciones al alquiler, que había solicitado el Ministerio de Vivienda, entonces dirigido por María Antonia Trujillo, por entender que estas ayudas se traducirían finalmente en un incremento de los precios. También en esta ocasión la vicepresidencia económica tuvo que aceptar la imposición que vino directamente del Palacio de la Moncloa.

Otro de los anuncios estrella, en este caso algo más barato, es el del plan bucodental del nuevo ministro de Sanidad, Bernat Soria, cuyo coste presupuestario será de unos 60 millones de euros.

Y también en clara clave electoral, el presidente anunció el pasado mes de septiembre una nueva subida de las pensiones mínimas, muy por encima del incremento medio del conjunto de las prestaciones. La mitad de esta subida irá con cargo al presupuesto del Estado, la que se refiere a complementos a mínimos, unos 300 millones de euros, y otros tantos tendrá que pagar la Seguridad Social. En total las arcas públicas deberán desembolsar 600 millones por este compromiso de Zapatero.

La crítica, en este caso, viene del hecho de que subir las pensiones mínimas puede desincentivar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que si el mensaje que se envía no es el de que se va a cobrar en función de lo pagado durante la vida laboral, sino que si no se paga, al final el Estado dará la misma pensión que al que ha cotizado, se está incentivando el fraude y la no cotización al sistema.

En el caso de las pensiones, las cuentas del año que viene se verán también afectadas por la desviación de la inflación. En la medida en que las prestaciones subieron un 2% y ahora el IPC de noviembre se ha situado en el 4,1%, según el indicador adelantado, el Gobierno tendrá que compensar a los pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo.

Esta desviación afectará a dos presupuestos. El de 2007 tendrá que hacer frente a la paga extra que se dará a los pensionistas en enero por un valor del 2,1% de todo lo que han cobrado este año, es decir unos 200 euros por prestación. En total algo más de 1.500 millones. Una cantidad similar, otros 1.500 millones, tendrá que destinar el Presupuesto de la Seguridad Social de 2008 para consolidar esta desviación en la subida de la prestación, de modo que en lugar de subir un 2%, el objetivo de inflación, las prestaciones subirán el 4,1%.

Dentro de las políticas sociales, la atención a la dependencia comienza a llevarse un pellizco del gasto estatal. En 2007 se incluyó una dotación de 400 millones de euros para este fin, y para el próximo año la cuantía de esta partida más que se duplica y ascenderá a 870,99 millones, 470,99 más que en este ejercicio.