¿POR QUÉ NO TE SIENTAS Y ESCUCHAS? LO QUE EL PRESIDENTE ORTEGA EXPONÍA SOBRE "UNIÓN FENOSA" EN NICARAGÜA Y LO QUE JUAN CARLOS I NO QUISO ESCUCHAR.
El Presidente Sandinista ORTEGA -elegido por el Pueblo de Nicaragüa en unas Elecciones convocadas al efecto- tiene todo el derecho del mundo a cuestionar al Gobierno Español la intervención mercantil de la empresa española "UNIÓN FENOSA" en la vida económica de Nicaragüa. El Rey de España -máximo representante español en el exterior y designado por el Caudillo- no sólo insulta al pueblo de Nicaragüa al levantarse de la Mesa, sino que denota muy poco respeto hacia los problemas económicos derivados de una intervención española en el exterior. El TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, en Resolución dictada en fecha de 13 de Octubre de 2.007, ha emitido las siguientes CONSIDERACIONES sobre el CASO "UNIÓN FENOSA". Una atenta lectura de estas CONSIDERACIONES nos indica que, en todo caso, esta cuestión merece ser escuchada con atención. Por lo menos.
Este es el texto de parte de la Resolución:
"Consideramos que la transnacional Unión FENOSA ha violado el marco jurídico institucional, constitucional y la normativa internacional, auxiliándose con los coactores nacionales, quienes también son responsables en la presente demanda. Ello deriva en la violación de los derechos humanos de la mayoría de los y las nicaragüenses.
Unión Fenosa es una empresa de origen español que está operando además en otros 12 países. En la actualidad está presente en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Egipto, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Holanda, Hungría, Irlanda, Kenia, Marruecos, México, Moldavia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, Túnez, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe. Presta servicio a 8,7 millones de clientes de gas y electricidad.
Cabe señalar que el Jurado toma conocimiento de los sinnúmeros conflictos y violación a las leyes en países centroamericanos, en el Caribe (Rca. Dominicana, de donde fuera expulsada) y Colombia.
En Nicaragua, Unión Fenosa comienza a operar en el año dos mil, cuando el poder ejecutivo otorgó la concesión y la Asamblea Nacional aprobó a un plazo de treinta años la distribución y comercialización de energía eléctrica otorgándole el carácter dominante de monopolio a DISNORTE (Distribución de Electricidad del Norte S.A.) y DISSUR (Distribución de Electricidad del Sur S.A. con el 79.54% de las acciones).
A partir de esa fecha las y los nicaragüenses han sufrido constantes violaciones ya que bajo el argumento de tener pérdidas (a nivel de auditoría realizadas), Unión Fenosa decide cometer irregularidades no pagando a las generadoras, que a su vez dejan de suministrar electricidad y juntas prefieren dejar a la población sin suministro eléctrico. Esto como medida de chantaje a los Gobiernos, incluido el actual, ignorando los impactos sobre la población y la economía del país que ellos provocan.
Se constata que los permanentes racionamientos vienen generado los siguientes daños y perjuicios: afectación psicológica de la población al cambiar sus horarios de trabajo en función de cuando hay energía para trabajar; problemas de salud pública por falta de refrigeradores para alimentos frescos tanto en los comercios como en los hogares; las crisis de ansiedad de las personas de la tercera edad al encontrarse sin energía en sus domicilios; los graves problemas de inseguridad ciudadana por la noche; problemas de atención sanitaria (retraso de atención diaria, diagnósticos o intervenciones quirúrgicas); falta de suministro de agua en muchas poblaciones debido a la ausencia de electricidad; suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades y retraso en los planes de estudio; elevado incremento de los costos en todas las empresas, comercios y mercados debido a la reducción en los horarios de trabajo y tener que complementar la falta de energía con generadores; asociado a ellos, problemas auditivos por el ruido y respiratorios por la contaminación de los generadores; afectación a los medios de comunicación locales que sólo emiten cuando hay suministro; incontables pérdidas provocadas a la ciudadanía por daños en equipos eléctricos por grandes subidas de tensión vinculada a los racionamientos.
Se constata la existencia de discriminación en los racionamientos más allá de razones estratégicas aducidas. Según la empresa, los racionamientos están discriminados por zonas para no afectar hospitales, zonas militares, zonas empresariales, edificios gubernamentales, etc. Pero en la práctica y según múltiples testimonios, en zonas rurales de baja renta y en asentamientos de Managua y otras ciudades importantes, los horarios de racionamiento se dilatan muchísimo más de lo informado y cuando se llama al teléfono de atención al cliente de Unión Fenosa el argumento de los operadores es que en el barrio hay mucha gente que no paga.
Se constata la ausencia de inversión en el mantenimiento de la red de distribución eléctrica, provocando pérdidas de vidas humanas, y continuas averías que dejan sin suministro eléctrico a los usuarios (en zonas rurales, un poco de lluvia o viento son factores suficientes para dejar sin servicio eléctrico a la población).
Se constata la ausencia de inversión en el mantenimiento del alumbrado público que se cobra en la factura. Se han detectado múltiples casos de cuando un transformador se estropea, si un usuario que paga pide que se arregle le dicen que haga que paguen los vecinos que están « pegados » y que si no, no van a arreglarlo, dejando a la población sin suministro eléctrico por semanas, pretendiendo obligar a la población a que haga de cobrador de sus propios vecinos.
Se constata la ausencia de atención a los pobladores de asentamientos que llevan años solicitando ser legalizados, a pesar de que la compañía se queja de los robos de energía por parte de los mismos. A su vez, estas quejas no coinciden con las informaciones facilitadas por el propio vicepresidente de Unión Fenosa en Nicaragua quien aseveró que los robos por parte de los asentamientos representan solo un 6% de las pérdidas técnicas totales, que están en un 30%.
Se constata la reducción de su presencia en el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales, como parte de su política de ahorro de costos, en las que ha rebajado su personal en un 70%, aun cuando el número de usuarios se ha incrementado en un 35%. Esto genera por ejemplo que en San Juan de Limay o Quilalí, zonas rurales a 2.53 horas en autobús de las ciudades con oficina Unión FENOSA, se haga imposible para gran parte de la población desplazarse para presentar reclamaciones, al perder un día de trabajo.
Se constata la desviación de presupuesto por parte de muchas alcaldías dedicando así parte de sus pequeños recursos para facilitar a funcionarios que atiendan a sus ciudadanos por problemas que en realidad son ocasionados por Unión FENOSA, ausentes en la localidad. Por otro lado, alcaldías como la de San Juan de Limay han tenido que desviar parte de sus presupuestos para invertir en asentamientos que Unión Fenosa se niega a cubrir, tal como estipula la ley que obliga al suministro energético a poblaciones ubicadas incluso a más de los 150 metros del casco urbano.
Los abusos a los usuarios del servicio eléctrico son innumerables. Según el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Energía (INE ente regulador) se reciben 3000 reclamaciones mensuales de usuarios, o sea 36.000 reclamaciones al año. Sobre 600.000 usuarios, significa que un 6% de los usuarios reclama en segunda instancia luego de dirigirse a la empresa. La vicepresidencia de Unión Fenosa nos informó que contabilizan unas 4500 reclamaciones mensuales en primera instancia (54.000 al año). 9% de todos los usuarios hace reclamo.
Unión Fenosa dice ejercer políticas activas en materia de Responsabilidad Social Corporativa habiendo recibido diversos reconocimientos internacionales. Para el año 2008, Unión Fenosa ha declarado un Día Solidario con Nicaragua, aportando 300000 dólares para proyectos de promoción, acceso y permanencia en las aulas escolares. Estas supuestas prácticas responsables no son más que marketing humanitario que pretende ocultar los graves impactos sociales provocados por la empresa en su actividad cotidiana en Nicaragua así como en otras latitudes.
Los principales abusos de Unión Fenosa a los usuarios del servicio eléctrico son:
- Incremento injustificado de las facturas por encima de lo regulado por el INE: a) cobros por conceptos indebidos (impuesto de la municipalidad o alumbrado público aun cuando no existe); b) cobros por atrasos no justificados c) cobros por reconexión por cortes erróneos d) cobros por errores en la lectura de los medidores (muy vinculado a la precarización laboral y contratos que se explican más adelante) e) cambio de contadores que doblan el consumo.
- Los usuarios reciben facturas desproporcionadas trás hacer arreglos de pago; no hay transparencia (los trabajadores no están autorizados a informar sobre las tarifas); se dan allanamientos de morada y cambios de medidores sin autorización del usuario; el servicio de atención telefónica miente al explicar las causas de los apagones fuera de los horarios de racionamientos; no se respetan los 15 días de notificación previo a la suspensión del servicio; hay indexación de la tarifa al dólar estadounidense, lo cual es ilegal; hay respuesta tardía en la reparación de averías (diversos ejemplos de semanas transcurridas sin atender averías en diferentes zonas del país); obligación de permanencia domiciliaria al usuario reclamante para evitar cortes ya que Unión Fenosa no tiene comunicación con las contratistas ambulantes que implementan la desconexión; falta de respuesta ágil de Unión Fenosa a los reportes de desperfectos graves que ponen en peligro la vida de las personas, como por ejemplo el caso de una niña en el Mercado Oriental de Managua electrocutada mortalmente en mayo de 2007; cobro a nuevos usuarios de hasta 3 meses de consumo, cuando la ley sólo permite 32 días; obligación impuesta a nuevos usuarios de un inmueble a asumir las deudas de habitantes anteriores; utilización de acusaciones de mora por parte Unión Fenosa llegando a considerar al usuario acusado como nuevo cliente obligando a un nuevo depósito de fianza.
La política laboral de Unión Fenosa:
La política de reducción de costos de Unión Fenosa afecta a sus trabajadores y contratistas. La política de flexibilización laboral generó más de 400 despidos a partir de noviembre de 2000, al adquirir la mayor parte de la distribución. Dicha flexibilización provoca también la precariedad permanente de sus trabajadores.
Así mismo, la empresa ha institucionalizado las contratas para extender servicios conexos a la distribuidora eléctrica incluyendo la lectura de medidores, cobros, cortes del servicio, instalación del servicio, call centers, etc. Estas violan sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y Unión Fenosa es responsable por esta situación que incluye: la aplicación de polígrafo para contratación, el no ofrecer al trabajador copia de su contrato, el no pago de la seguridad social, establecimiento de sueldos que no cubren el costo de la canasta básica, incumplimiento de normas de seguridad laboral, contratación de personal no capacitado para desarrollar las tareas asignadas, alta rotación de personal, no pago de viáticos, y otros. Toda esa práctica también provoca el encarecimiento de los costos de explotación junto al deterioro de los servicios prestados a los usuarios.
Unión Fenosa hostiga a los sindicatos, denunciándoles ante la policía y montando juicios legales a líderes sindicales y trabajadores y se niega a negociar un convenio laboral. Hay indicios suficientes para establecer que los contratistas son empresas “allegadas” que terminan provocando “aumentos en las pérdidas reales”, mayores niveles de ineficiencia y mal servicio denunciados reiteradamente y en número creciente.
Coautores responsables de la crisis energética:
El problema del sector eléctrico en Nicaragua es un problema complejo, donde, además de la responsabilidades principales que corresponden a Unión Fenosa existen otros responsables.
Los anteriores gobiernos contribuyeron al problema energético al no ocuparse por buscar un cambio en la matriz energética (en la generación), que llevase hacia una menor dependencia sobre el petróleo con una matriz formada por energías renovables. Nicaragua tiene un gran potencial en renovables.
El Estado no ha ejercido el papel exigido en defensa de su población: el ente regulador (Instituto Nicaragüense de la Energía – INE) en la práctica es inoperante al permitir a Unión Fenosa y a las generadoras incumplir la legislación de forma sistemática.
El actual Gobierno de Nicaragua:
Los medios de comunicación divulgaron la firma que se realizó por parte del gobierno de un “Memorando de Intención” en España a finales de Junio del 2007. Aquí lo único que hace la compañía española es comprometerse a hacer lo que ya está comprometido hacer en su contrato. De esa manera, la empresa rehuye a la indemnización y a la restitución al pueblo nicaragüense por el incumplimiento de sus obligaciones dejando al país en una grave crisis energética.
A cambio, el gobierno nicaragüense se comprometió a promover en la Asamblea Nacional la adopción de la Ley 554 de Estabilidad Energética y la Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los Servicios Públicos. Con estas leyes se pretende congelar la tarifa eléctrica de los consumidores, y pagar a cuenta del erario público la diferencia entre la tarifa cobrada y el costo real de la energía.
Por su parte, Unión Fenosa suspende el proceso abierto contra el gobierno en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, aseguradora del Banco Mundial). Allí reclama 53 millones de dólares al gobierno nicaragüense por apropiación indebida de sus inversiones al iniciar el INE el proceso de arbitraje. El compromiso del gobierno radica en anular dicho proceso de arbitraje y no abrir ningún otro que pudiera enturbiar las relaciones.
A su vez el propio gobierno recurre al mercado regional centroamericano para adquirir energía que permita paliar el déficit de generación del mercado nacional.
Instituciones financieras internacionales:
Éstas han jugado un papel clave, apoyando un modelo que justificaba las privatizaciones como una forma de liberar recursos para pagar la deuda procurando las garantías jurídicas para que el capital privado invirtiese planificando únicamente la obtención de beneficios en el corto plazo. El arma ideológica de todo ello, ha sido como siempre, la vinculación al denominado alivio y la refinanciación de la deuda externa a las condicionalidades cruzadas con el proceso de privatización y la firma de PPA’s.
Las empresas generadoras vinculadas a la elite nicaragüense y a la clase política:
Las empresas son responsables ya que al buscar la maximización del beneficio en el corto plazo, sin tener en cuenta ningún otro criterio no realiza las inversiones necesarias en sus plantas, lo que impediría problemas técnicos por falta de mantenimiento como los que se han dado últimamente. Si estos comportamientos han tenido lugar es porque los diferentes gobiernos vinculados a las privatizaciones así lo han permitido.
Esto ha derivado en la situación actual en las que las generadoras están jugando un papel importante en los cortes de suministro eléctrico a Fenosa, sea por fallos técnicos o por la misma falta de inversión, por la inexistencia de un mecanismo eficaz para que Unión FENOSA les pague la energía entregada o bien como medio de presión al gobierno para seguir cobrando, en condiciones extremadamente ventajosas.
El Gobierno del Estado español:
Este da su apoyo político y económico a la empresa Unión FENOSA, demostrado por las múltiples declaraciones en los medios de comunicación por parte de los miembros de los distintos Gobiernos españoles, por secundar los Planes de Ajuste Estructural y todas las condicionalidades impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales (de las que forma parte el gobierno) y por el cambio en las políticas de concesión de la ayuda oficial al desarrollo bilateral a través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo. Estos fondos, que se convierten en deuda externa bilateral de Nicaragua a favor del Estado español han cambiado significativamente su naturaleza, pasando en parte de proyectos de salud y educación a proyectos de apoyo al sector eléctrico privatizado.
El Tribunal ha podido conocer que Unión Fenosa ha actuado de manera similar en Guatemala, ya que los abusos y deficiencias utilizadas por la empresa a fin de incrementar sus ganancias en detrimento de las condiciones de vida de la población guatemalteca presentan los mismos elementos.
En el contexto de esta sesión, el Tribunal pudo escuchar exposiciones de representantes de El Salvador y Honduras con problemas similares. En Honduras la transnacional ACEA de Italia a través de la empresa Aguas de San Pedro. En el Salvador la transnacional pesquera española Calvo y la eléctrica estadounidense AES Corporation".
