Parece ser que atendiendo a una de las mayores preocupaciones que tiene actualmente el españolito medio, el Gobierno ha decidido acelerar los trámites sobre la Ley de Memoria Histórica y busca su aprobación antes del final de la presente legislatura. Solamente ERC y PP, si bien por diferentes motivos, se oponen a dicha Ley que, a buen seguro, no contribuirá a cerrar las heridas de una Guerra Civil que, por más que la mayoría nos empeñamos en perdonar como premisa necesaria para continuar cara al futuro, existen intereses en que esto no sea así para que continúe siendo el eje de nuestra política eliminando cualquier atisbo de convivencia pacífica. Pancistas pesebreros encuadrados en Foros y Asociaciones que, subvencionadas por el Estado en cualquiera de sus múltiples vertientes, les garantizan los salarios necesarios con los que ocultar su incapacidad de hacer algo provechoso para su nación.

Cansan y aburren esos adorables ancianitos que aparecen en los medios recordando que, cuando eran niños, perdieron a sus padres por el único hecho de que eran unos pacíficos demócratas, defensores de la legalidad republicana, trabajadores honrados, maestros preocupados por enseñar a los más pobres y a los que las garras del fascismo arrancaron de sus casas para abandonarlos en cualquier cuneta con un tiro en la nuca. Nadie sabe que fue de quienes dirigieron, ordenaron, planificaron y ejecutaron a cerca de ocho mil religiosos por el único hecho de haber abrazado la fe católica; nadie sabe de quienes conformaron aquellos Tribunales Populares ni quienes fueron los milicianos que actuaron en las checas o en los piquetes de ejecución; nadie sabe por qué causa murieron 8.354 personas en Paracuellos del Jarama. Todos eran, según pretende la Ley de Memoria Histórica, unos perfectos padres de familia que fueron asesinados solamente por el placer sanguinario que su muerte producía en aquellos “negros” que, mayormente, engendraron unos hijos que nutren las filas del actual PSOE.

Cuando era niño recuerdo la Cruz de los Caídos que presidía una plaza en mi añorado poblachón manchego. Sesenta y dos nombres componían la fría lista de quienes, sin formación de causa, fueron asesinados entre el 15 de Agosto y el 6 de Diciembre de 1936. La mayoría de ellos fueron fusilados y arrojados a un pozo, algunos aún con vida, en Carrión de Calatrava donde, después de la Guerra, fueron rescatados cerca de ochocientos cadáveres. Otros, los últimos y, como no, encabezados por el cura párroco, lo fueron en las tapias del cementerio. Tras la contienda, tras ser apresados y ser juzgados de acuerdo a un derecho positivo con el que podemos o no comulgar, el número de ejecutados apenas sobrepasó la treintena. No es cuestión, como comentaba el maestro Ortega y Gasset, de hablar de los muertos cualitativa o cuantitativamente puesto que cada uno de ellos era un mundo, una familia, un porvenir. Supongo que entre todos los casos hubo justicias e injusticias, que ni todos eran buenos ni todos eran malos y, sobre todo, que nadie tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de sus congéneres.

Todos tenemos nuestros muertos en la Guerra Civil. Yo mismo, al igual que el Presidente del Gobierno, tuve la desgracia de no poder conocer a mi abuelo y, en algunas etapas de mi vida, he añorado su presencia por lo que hubiera podido aprender de él. Y, al igual que el capitán Lozano, mi abuelo fue ejecutado por defender la legalidad republicana. Pero hoy, lo muertos pertenecen al ámbito de la Historia y honrar su memoria nos corresponde hacerlo en la intimidad y el respeto a las decisiones que, en su momento, les llevaron a cometer aquella brutal atrocidad. Hoy, más que mirar hacia atrás intentando cambiar el lugar de donde venimos debemos pensar en el camino que allane el futuro de nuestros hijos. Y mal lo llevamos si no superamos viejos fantasmas. Decía la leyenda de un cuadro sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama y que se hallaba en el Museo del Ejército: “Españoles: perdonad, pero no olvidéis”. Sobran en nuestra nación aquellos que ni han perdonado ni han olvidado.