El texto, que fue aprobado en el Congreso el 18 de octubre de 2006 con la oposición de PP, CiU y PNV, busca establecer una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control ocasione riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

Así, la norma limita a tres cesiones la cadena de subcontratación con el fin de hacer frente a la alta siniestralidad laboral del sector.

El texto establece además que las empresas contratadas o subcontratadas cuenten con un mínimo del 10% de trabajadores indefinidos en el primer año de vigencia de la ley, un 20% el segundo y un 30% el tercero.

La norma, que ejercerá un mayor control sobre las subcontratas, limitará la subcontratación en cadena, origen del 90% de los accidentes laborales que se producen en el sector, según la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT).

Este sindicato recuerda en un comunicado que la construcción representa actualmente el 12% del Producto Interior Bruto (PIB).

La ley contempla también la creación de un Registro de Empresas Acreditadas, en el que las compañías tendrán que inscribirse para poder operar. Se trata de un listado de empresas subcontratadas atendiendo al ámbito territorial y cuyo desarrollo está aún sin determinar al depender de las comunidades autónomas. La inscripción en el registro tendrá validez para todo el territorio nacional, siendo sus datos de acceso público.