Esta medida forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia y será debatida próximamente en el Consejo Territorial. En todo caso, la cuantía definitiva que percibirá el cuidador familiar estará determinada por el grado y nivel de dependencia del beneficiario.

En una visita a una residencia de ancianos de Moratalaz (Madrid), Caldera añadió que los familiares que cuidan a los mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas recibirán una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo del Estado.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) establece un nuevo derecho de ciudadanía: el de los mayores y de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, y crea el Sistema de Dependencia.

A través del sistema, las personas dependientes tendrán garantizado el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, plazas residenciales) y prestaciones económicas (para el cuidador familiar o para el asistente personal) que necesiten. La ley establece un plazo máximo de tres meses desde la constitución del Consejo Territorial de la Dependencia (finales de enero) para definir el desarrollo reglamentario (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen de la seguridad social de los cuidadores).

En las próximas semanas, los ciudadanos podrán solicitar ya una evaluación en los servicios sociales de sus Comunidades Autónomas para determinar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que tienen derecho.