TRABAJO PLANEA INVERTIR FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EMPRESAS CON PRINCIPIOS ÉTICOS.
El Gobierno quiere conseguir un compromiso amplio de las empresas en la responsabilidad social utilizando otras vías, más allá del apoyo fiscal al mecenazgo.

Con ello, el Ejecutivo está dispuesto a "fomentar la inversión socialmente responsable como palanca positiva de cambio en este nuevo desarrollo de las empresas". Con este objetivo, el Gobierno se plantea incentivar a las compañías en esta política utilizando, incluso, una parte de los recursos del Fondo de Reserva de las pensiones de la Seguridad Social y de los planes de los funcionarios del Estado.

Así se recoge en el documento sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que el secretario general de Empleo, Antonio González, entregó el pasado martes en el Foro Responsabilidad Social. Este grupo de trabajo está formado por más de cuarenta organizaciones sociales y siete ministerios.

Con este objetivo, el Ministerio de Trabajo asegura que "la Administración podría gestionar sus fondos de pensiones [en el que están los 540.000 funcionarios del Estado] y el de Reserva de la Seguridad Social a través de los mercados financieros contemplando criterios de Responsabilidad Social, además de los estrictamente financieros".

Desde noviembre de 2004, los funcionarios de la Administración Central del Estado tienen un plan de pensiones que, actualmente, tiene un saldo de 215 millones de euros, con una rentabilidad anual del 4,6%.

Por su parte, la Seguridad Social mantiene en estos momentos una negociación con la patronal y los sindicatos con el fin de conseguir mayor rentabilidad a la inversión de los recursos que tiene el Fondo de Reserva de las pensiones. El objetivo de esta negociación es dedicar una parte de la también llamada hucha de la Seguridad Social a la renta variable, con todos los sistemas de precaución necesarios, pues se trata de los excedentes por cotizaciones de los empresarios y trabajadores.

Trabajo plantea así que uno de sus criterios para invertir en las empresas cotizadas "podría" ser premiar su grado de responsabilidad social y, en definitiva, el nivel de compromiso con la cohesión social, el desarrollo del país en diversas áreas y la defensa del medio ambiente. El Gobierno ha previsto que el Fondo de Reserva de las pensiones termine el año con 42.000 millones de euros. Estos recursos se invierten en deuda pública española y de Alemania, Francia y Holanda. Pero la estrategia de Trabajo no sólo se centraría en premiar a las empresas que coticen en bolsa y que trabajen en la responsabilidad social.

En el documento entregado en el citado foro, y más allá del Fondo de Reserva de las pensiones públicas, el Gobierno también se plantea premiar el compromiso social de las compañías en "las ayudas y planes dirigidos a la internacionalización a través de organismos como Cesce, ICEX o Cofides". Las tres son entidades públicas dedicadas a apoyar la presencia de empresas españolas en los mercados exteriores.

En este capítulo, Trabajo plantea que la Administración podría "solicitar información sobre prácticas de Responsabilidad Social a las empresas que opten a la adjudicación de contratos financiados con créditos FAD (de ayuda al desarrollo) y a aquéllas que pretendan participar de operaciones de conversión de deuda por inversiones".